Vivienda y exclusión residencial
Cuando tener trabajo ya no garantiza una vivienda: el nuevo perfil de la exclusión residencial
Por Jorge Mario Cancio Alonso · · 9 min de lectura
La exclusión residencial ya no afecta solo a quien no tiene ingresos: alcanza a personas con empleo, familias monomarentales, jóvenes y mayores con pensiones bajas. Qué implica este cambio para los servicios sociales y qué respuestas necesitamos.
Durante mucho tiempo hemos asociado la exclusión residencial a personas sin ingresos, sinhogarismo de calle, adicciones, ruptura familiar grave o situaciones muy cronificadas.
Ese perfil sigue existiendo. Lo conozco bien. Pero ya no explica todo lo que está pasando.
Hoy aparece con fuerza otro perfil: personas que trabajan, familias con ingresos, jóvenes formados, madres solas, personas separadas, migrantes con empleo, mayores con pensiones bajas. Personas que hacen lo que siempre se les dijo que tenían que hacer y que, aun así, no pueden acceder a una vivienda digna.
Esto nos obliga a mirar el problema de otra manera.
La vivienda se ha alejado de la vida real
El problema no es solo que la vivienda sea cara. El problema es que se ha alejado de los salarios, de las pensiones y de la capacidad real de muchas familias.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda sin llegar a cambiar de residencia. Entre quienes no lo consiguieron, casi siete de cada diez señalaron como motivo principal el precio excesivo.
Ese dato explica bastante bien lo que vemos cada día en la intervención social. La gente busca, se mueve, pregunta, intenta alquilar. Pero no llega.
Y muchas veces no llega aunque trabaje.
Los informes de mercado apuntan en la misma dirección: en el primer trimestre de 2026, acceder a una vivienda en alquiler consumía en torno al 35% de los ingresos netos de una familia media en España, por encima del umbral del 30% que habitualmente se considera razonable para no comprometer la economía familiar.
Pero ese dato medio se queda corto cuando bajamos a la realidad concreta. Una familia monomarental, una persona con contrato temporal, un joven que empieza a trabajar, una persona migrante sin aval, una pareja separada con hijos o una persona mayor con pensión baja no viven en la media. Viven donde pueden.
Y muchas veces donde pueden no es una vivienda digna.
El nuevo perfil de la exclusión residencial
En servicios sociales, en vivienda, en entidades sociales y en los recursos de atención directa ya no vemos solo a personas sin techo. Vemos:
- Familias en habitaciones realquiladas.
- Personas que duermen en un sofá prestado.
- Madres con hijos que cambian de domicilio cada pocos meses.
- Jóvenes que trabajan, pero no pueden emanciparse.
- Personas que aceptan habitaciones sin contrato porque nadie les alquila una vivienda.
- Personas mayores que mantienen la vivienda, pero no pueden pagar suministros, comunidad o reparaciones básicas.
- Trabajadores pobres.
Y esto conviene decirlo claro: trabajar ya no protege siempre frente a la exclusión residencial.
Antes, una nómina abría puertas. Hoy, muchas veces no basta. Se piden ingresos altos, contrato indefinido, aval, varios meses por adelantado, referencias, estabilidad y documentación, además de competir con decenas de personas por la misma vivienda.
El resultado es previsible: quien parte con menos ventaja queda fuera.
La exclusión residencial ya no está solo en la calle
La imagen clásica del sinhogarismo sigue pesando mucho. Cuando pensamos en una persona sin hogar, pensamos en alguien durmiendo en la calle o en un albergue.
Pero la exclusión residencial es más amplia, tal como recoge la clasificación europea ETHOS. Está en una familia que vive hacinada; en una habitación realquilada sin garantías; en una mujer que aguanta una convivencia dañina porque no tiene alternativa habitacional; en quien no puede empadronarse donde vive; en un joven que cobra, pero no puede independizarse; en una familia que dedica tanto dinero al alquiler que cualquier imprevisto la hunde. Está, en definitiva, en quien tiene techo pero no tiene hogar estable.
Y tiene consecuencias. No hablamos solo de vivienda: hablamos de salud mental, crianza, convivencia, rendimiento escolar, empleo, relaciones familiares y participación comunitaria.
Cuando una familia no sabe si el mes que viene seguirá viviendo en el mismo sitio, todo se vuelve provisional.
Los servicios sociales no pueden compensar solos un mercado imposible
Aquí conviene ser honestos.
Los servicios sociales pueden acompañar, orientar, informar, mediar, acreditar situaciones de vulnerabilidad, activar recursos y coordinarse con vivienda, salud, educación y empleo.
Pero no pueden crear vivienda asequible donde no la hay. Tampoco pueden resolver con una ayuda puntual un problema estructural. Si una familia paga 900 euros de alquiler y sus ingresos son de 1.300, una ayuda puede aliviar un mes, pero no cambia la ecuación.
Esto genera una presión enorme sobre los profesionales. La persona acude a servicios sociales porque no puede pagar, porque va a perder la vivienda, porque no encuentra alquiler, porque vive en una habitación, porque no puede empadronarse, porque tiene menores a cargo o porque necesita un informe.
Y muchas veces la respuesta disponible es insuficiente para la dimensión del problema. No por falta de voluntad profesional, sino por falta de herramientas reales.
El riesgo de culpar a la persona
Cuando un problema crece, aparece una tentación peligrosa: individualizarlo todo. "No se organiza". "No busca bien". "Quiere vivir donde no puede". "No acepta cualquier cosa". "No prioriza".
Claro que hay situaciones personales que influyen, claro que hay decisiones individuales y claro que cada caso debe valorarse con rigor.
Pero cuando miles de personas con perfiles distintos chocan contra el mismo muro, el problema no puede explicarse solo desde la conducta individual.
Si una persona trabaja y no puede alquilar, algo falla. Si una familia necesita dos sueldos para pagar una vivienda pequeña, algo falla. Si una madre con hijos solo encuentra habitaciones, algo falla. Si un joven con empleo no puede emanciparse hasta edades cada vez más tardías, algo falla. Si una persona migrante con ingresos queda fuera porque no tiene aval o contrato estable, algo falla.
Y si la única respuesta que damos es pedir más esfuerzo a quien ya está al límite, entonces también estamos fallando.
Qué respuestas necesitamos
No hay una solución simple, pero sí líneas claras:
- Más parque público de vivienda. Sin vivienda pública suficiente, la intervención social trabaja siempre a la defensiva.
- Prevención de la pérdida de vivienda antes de que el problema estalle. Llegar tarde sale peor para la persona y para la Administración.
- Mediación. Muchos conflictos residenciales se agravan porque nadie interviene a tiempo.
- Acompañamiento social cuando la vivienda llega. Dar una llave no siempre resuelve todo: en algunos casos hay que trabajar convivencia, economía doméstica, salud, vínculos comunitarios y uso adecuado de la vivienda.
- Coordinación real entre vivienda, servicios sociales, salud, educación, empleo y tercer sector.
Y hace falta aceptar que la vivienda no es un premio al buen comportamiento. Es una condición básica para que una persona pueda ordenar su vida.
Lo que he aprendido trabajando en vivienda y sinhogarismo
Después de años trabajando en vivienda social, sinhogarismo y programas de Housing First, tengo una idea bastante clara: sin vivienda estable, casi todo lo demás se complica.
Puedes diseñar el mejor itinerario social del mundo. Puedes pedir adherencia, formación, búsqueda activa de empleo, tratamiento, escolarización, convivencia y responsabilidad.
Pero si la persona no sabe dónde va a dormir, dónde va a vivir el mes que viene o si podrá mantener a sus hijos en el mismo colegio, todo ese trabajo queda cogido con alfileres.
La vivienda no lo resuelve todo. Pero sin vivienda, muchas intervenciones nacen ya debilitadas.
Por eso necesitamos hablar menos de casos aislados y más de sistema. Lo que llega a una mesa de trabajo social como "un caso" es muchas veces la expresión concreta de un problema mucho más grande.
El reto que tenemos delante
La exclusión residencial ha cambiado. Ya no afecta solo a quienes están fuera del sistema: también alcanza a personas que están dentro, pero cada vez más cerca del borde. Personas con empleo, con familia, con ingresos. Personas que cumplen y que no piden vivir mejor que nadie, sino vivir con estabilidad.
Ese es el nuevo reto: entender que la vivienda no es un asunto privado que cada uno resuelve como puede, sino una pieza central de la inclusión social.
Y si esa pieza falla, todo lo demás empieza a tambalearse.